El derecho a la educación no es un hecho

La mayoría de las personas en el Río de La Plata sienten que el derecho a la educación es un hecho consumado ampliamente por la leyes que determinan su universalidad, laicidad y gratuidad. Sin embargo más allá de las normas jurídicas, el derecho a la educación se materializa en la acciones concretas que permiten el acceso a todas las personas independientemente de su condición social, económica, intelectual y física.





Karina (utilizaré un seudónimo) vive en el interior del país, es una chica que sufrió un accidente de tránsito antes de terminar el bachillerato y como consecuencia se traslada en una silla de ruedas. Le encantaría poder terminar sus estudios pero además de no contar con un centro educativo accesible en la localidad donde reside, tampoco hay un medio de locomoción público que le permita llegar al más próximo, a unas horas de viaje. Sus padres podrían hacer un enorme esfuerzo para trasladarla todos los días a ese centro de estudios lejano que cuenta con rampa de acceso pero una vez allí tendría también el problema del baño que no está acondicionado para que pueda usarlo.


Joaquín desea participar de la escuela junto con sus amigos del barrio pero sus padres han recibido la negativa de admisión porque tiene parálisis cerebral y esa escuela, según le expresaron a sus padres, no tiene las condiciones para recibirlo y no cuenta con el personal adecuado.


Alicia es ciega, vive en el interior del país y la escuela más cercana que enseña el sistema braille está en Montevideo, a más de 300 kilómetros de su casa. Si bien participa de una escuela de educación "común", sus maestras, aunque bien intencionadas, no cuentan con los medios ni los recursos para enseñarle este sistema de lectura y escritura táctil tan valioso para las personas en su situación.


Cada uno de estos tres casos refleja la realidad de que el derecho a la educación no está ampliamente consagrado en nuestro país y seguramente tampoco en los países vecinos. Las personas en situación de discapacidad, cualquiera sea, física, motriz o intelectual, deberían contar con las mismas posibilidades de educarse que el resto de las personas. Los centros educativos no solo deben recibir a los niños y niñas en dicha situación sino contar con los medios físicos, edilicios y humanos para que reciban una educación de calidad. No basta con colocar algunas rampas ni ubicar algunas personas con discapacidad dentro del aula, hace falta además destinar recursos económicos que paguen las necesidades locativas, profesionales y logísticas necesarias.


La discapacidad en sí está más definida por el constructo social que por las limitaciones que cada persona pueda tener. Cada vez que mantenemos una barrera edilicia, comunicativa, social o institucional resaltamos esa discapacidad y necesariamente excluimos a las personas. No se puede hablar de una educación en valores, de una educación del nuevo siglo y menos de una educación inclusiva escatimando recursos para ello.


Las escuelas, los centro de educación secundaria y terciaria deberían tener proyectos tangibles de accesibilidad más allá de las largas reuniones de coordinación y amplias carpetas llenas de informes y mucha teoría que no se logra concretar. No hay inclusión sin accesibilidad y no hay accesibilidad sin presupuesto destinado para ello.


Colocar el eslogan de "escuela inclusiva" en un centro educativo porque se reciben algunos niños y niñas con determinada discapacidad (intelectual o física) y se impide la participación de otros por barreras edilicias, humanas e institucionales es una gran fantasía que hace aún más daño a quien padece la exclusión.


Es cierto que los recursos son escasos y que hay mucho por hacer y contemplar, no obstante cuánto se destina del presupuesto de cada organismo o subsistema para la accesibilidad de los centro educativos cada año. Si es una prioridad debería reflejarse en ello, porque de lo contrario es solo un discurso para las gradas.


Aún así sueño con una sociedad más solidaria e inclusiva y creo que en la medida en que trabajemos con las nuevas generaciones ayudándolos a visualizar el tema de la accesibilidad y la inclusión como dos caras de una misma moneda, podremos cambiar las cosas.


Para terminar afirmo que la educación es un derecho históricamente consagrado en nuestro país por las leyes y reconocido ampliamente por la sociedad en su conjunto pero considero que aún es un derecho en construcción por el que debemos seguir bregando.






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